EXTRANJERAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Factores como la desigualdad de género en ciertos lugares de origen, vulnerabilidades específicas de las mujeres extranjeras, y una demografía que indica mayor presencia masculina en edades propensas a la violencia contribuyen a esta situación. La normativa de extranjería (RD 557/2011) se modificó para las víctimas, permitiendo autorizaciones de residencia preferentes y tramitación rápida. La presunta víctima puede solicitar residencia por sí misma o a través de un representante, con autorización provisional si hay orden de protección o informe del Ministerio Fiscal. En caso de sentencia confirmando violencia, se concede autorización de residencia y trabajo por cinco años. Si la sentencia es absolutoria, se deniega la autorización, se archi-van las provisionales, y se reabre o inicia un procedimiento sancionador.

Novedades Clave a partir de Mayo de 2025

1. TRAMITACIÓN MÁS RÁPIDA Y DIGITALIZADA:

   • ¡NOVEDAD! Las solicitudes y renovaciones podrán gestionarse íntegramente en línea, agilizando el proceso para las víctimas.

2. MAYOR FLEXIBILIDAD EN LAS PRUEBAS:

   • Las autorizaciones provisionales no requerirán exclusivamente órdenes de protección o informes del Ministerio Fiscal; se admitirán pruebas complementarias de servicios sociales o asociaciones especializadas.

3. ACCESO INMEDIATO A DERECHOS:

   • Se garantizará el acceso a servicios sociales, ayudas económicas y recursos de alojamiento desde la concesión de la autorización provisional.

4. AMPLIACIÓN DE LA PROTECCIÓN A LOS HIJOS:

   • Las víctimas podrán solicitar autorizaciones de residencia para sus hijos menores o dependientes, que serán tramitadas simultáneamente con las de la madre.

5. PRIORIDAD EN CASOS HUMANITARIOS:

   • Las extranjeras en riesgo extremo tendrán una tramitación prioritaria y confidencial.

Con las novedades previstas en 2025, la protección de extranjeras víctimas de violencia de género será más eficaz y accesible, con trámites más rápidos, flexibles y sensibles a sus necesidades específicas. Estas medidas refuerzan el compromiso de España con la igualdad y la justicia para quienes enfrentan situaciones de violencia en el contexto migratorio.